Los escándalos delictivos que han salpicado en las últimas semanas a las cadenas dentales Funnydent y Vitaldent —el gerente de la primera ingresó en prisión acusado de estafa y el de la segunda por blanqueo— han dejado un reguero de pacientes afectados, con los tratamientos pagados y a medio hacer. Sin embargo, la caída de estas cadenas low cost no ha sorprendido a los odontólogos, que llevan años denunciando los peligros de la liberalización del mercado en el sector y la “negligente” actitud de la Administración al no poner coto a la burbuja de las franquicias. En Cataluña, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos (COEC) registró 500 reclamaciones de pacientes en 2015, el 80% contra este tipo de cadenas.
Los odontólogos lo veían venir y alertan de que “éstas no serán las últimas firmas que caigan”. El COEC, que es el organismo que centraliza la mayor parte de las quejas, ha detectado en Cataluña un incremento anual del 20% en reclamaciones de pacientes. “La mayoría son por desacuerdos económicos. Les han hecho un tratamiento, no les ha ido bien y piden que les devuelvan el dinero”, señala el presidente del COEC, Antoni Gómez. Sin embargo, frente al incremento de quejas que registró el COEC, el Departamento de Salud, encargado de expedir las autorizaciones de actividad a las clínicas dentales, sostiene que “las denuncias de particulares han descendido” en los dos últimos años, aunque no facilita su cifra exacta. Y la Agencia Catalana del Consumo asegura haber recibido unas 300 reclamaciones entre 2012 y 2016.
Estas cadenas dentales emplean los bajos precios de gancho para captar clientes —200 euros por un implante— y, una vez dentro del circuito, los dependientes aconsejan tratamientos complementarios, a veces innecesarios, que inflan el precio final, según los dentistas. “No son casos excepcionales. Ya teníamos antecedentes como los de Oraldent o Dentaline. La salud no puede ser low cost y no puede prevalecer el modelo empresarial sobre el sanitario”, apunta Gómez.
El doctor Javier Mareque, presidente de la Sociedad Catalana de Cirugía Maxilofacial y Oral de la Academia de Ciencias Médicas, es tajante: “La mitad de mi trabajo es rehacer los tratamientos que han hecho estos mal”. A Josefa García, de 63 años, el cierre de Funnydent la pilló compuesta y sin dientes, recién salida de una operación para sacarle la dentadura. La clínica le sacó 5.000 euros y todos los dientes, cosió sus encías y la abandonó a su suerte, esperando una dentadura postiza que nunca llegó. “Esto no es vida. Desde Navidad que no puedo comer nada sólido. He tenido que acudir a otro dentista”, protesta.
Los profesionales lamentan que “cualquiera pueda abrir una clínica dental”. No hace falta ser odontólogo para poner en marcha un negocio de salud oral. Además, pese a que la legislación obliga a tener una autorización del Departamento de Salud, el COEC asegura que muchas clínicas abren sus puertas sin tener el certificado. Es el caso de Funnydent, que comenzó a funcionar sin el permiso y no fue hasta que el COEC se enteró y lo puso en conocimiento de Salud, que la empresa no solicitó la autorización. La operación policial que destapó la trama delictiva pilló a la empresa en plena tramitación de la licencia.
Para combatir los centros no autorizados, Salud asegura que vigila los negocios “contrastando denuncias y quejas ciudadanas, valorando incidentes no deseables de los que es conocedor, coordinando actuaciones con los diferentes colegios profesionales y a través de la búsqueda activa de publicidad de los centros sanitarios”. Sin embargo, los odontólogos aseguran que la actitud de los gobiernos ha sido “negligente” y “ahora se les ha ido de las manos”. “Es necesario regular el sector. La Administración tiene que intervenir para asegurar la calidad y la salud oral de los pacientes”, apunta Mareque. El consejero Comín reconoció el viernes que “con los mecanismos vigentes, esto no se podía evitar”. Salud y el COEC trabajan en un protocolo para vincular la licencia municipal de actividad a la autorización sanitaria, de forma que no se expida la primera sin disponer del permiso de Salud.
Los expertos recuerdan que estos casos “son los primeros de muchos que tienen que salir”. El modelo de las clínicas de falso low cost, sostiene Mareque, “ha roto el lazo médico-paciente porque se trata a los pacientes como clientes”. Además de la dudosa calidad de algunos productos, en un mismo tratamiento, los pacientes pasan por muchas manos diferentes porque en estas clínicas hay una rotación de profesionales muy elevada. Los odontólogos no conocen al paciente y no han seguido su caso, por lo que son más vulnerables a la hora de tomar decisiones en caso de surgir problemas. “Este modelo de negocio está jugando con la salud oral de la gente”, sentencia Gómez.
